3 casos / 3 different ways:

• Burundi
• India
• Colombia

1) Burundi

Burundi vivió una guerra civil muy larga que comenzó en 1993, en la que  se mataron 300,000 personas y por lo menos un millón  fueron desplazadas. Finalmente, en el 2006 se firmó un cese del fuego. La investigación que realizó Oxfam, IANSA, y Saferworld reveló que el perjuicio económico del conflicto ascendió a $5.7bn. La violencia armada criminal y política continúa en Burundi, y por lo menos 100.000 armas pequeñas siguen en circulación ilegal

En las áreas de Bujumbura Rural, Bubanza, and Cibitoke, que limitan con la República Demócratica de Cong,  se han destruido escuelas y establecimientos médicos, y miles de niños en edad escolar han sido obligados a combatir como niños soldados. Muchos más han escapado con sus familias. De acuerdo al informe del Ministro de Educación de Burundi, 10.000 niños fueron obligados a abandonar la escuela en zonas de actividades de rebeldes del FNL.

Las estadísticas de salud de Burundi están entre las peores del mundo. Más de uno de cada 100 bebés y una de cada 200 madres mueren en el parto. Un factor significante es la destrucción de los servicios de asistencia sanitaria durante la guerra, y la continua violencia armada persistente utiliza  buena parte de lo poco que queda de infraestructura. Desde el cese de fuego en el 2006, el 75% de la cantidad destinada a la asistencia de heridos por la violencia, ha sido por heridas de armas de fuego. En promedio, cada herida de arma de fuego representa un gasto de $163.28 para el sistema de salud en un país en donde el gobierno gasta apenas $5 por persona por año en salud.

Burundi no está preparado para cumplir ninguno de los ODM, pero los compromisos contraídos recientemente de brindar en forma gratuita, educación primaria y acceso a la salud materno-infantil que incluye atención a niños menores de cinco años, ofrece una perspectiva de progreso.

Sin embargo, estos compromisos solo se harán efectivos si Burundi logra reducir el nivel de violencia armada y evita volver a la guerra.

2) India

Entre los años 2000 y 2007, India fue el segundo importador de armas más importante del mundo, con un 7.5 %  de todas las principales transferencia de armas. En el 2005, la Oficina Central de Investigación  (CBI por sus siglas en inglés) investigó 47 casos separados de transacciones de armas diferentes por posible corrupción.

Desde que llegó al poder en el 2004, el gobierno de la Alianza Progresista Unida ha intentado intensificar el control de los procedimientos de compra. El Ministro de Defensa A.K. Anthony quiere exigir el cumplimiento de las reglas anti-corrupción; se han designado  monitores independientes para vetar todos los acuerdos de defensa más importantes, y  se han implementado ‘Pactos de Integridad’ para asegurar la buena práctica en los procedimientos de compras. Algunos de los acuerdos con las empresas implicadas en casos de corrupción han sido cancelados, mientras que otros, tales como un posible contrato de compra de equipamiento de defensa aérea con Israel, se puso en suspenso.

La medida tomada por el gobierno indio es crucial. India es el segundo país que más gasta en transferencia de armas en el mundo, y sin embargo, continúa teniendo importantes niveles de pobreza y todavía no está preparada para alcanzar cualquiera de los ODM, salvo que se lleven a cabo cambios significativos. Esos cambios podrán ser posibles si el electorado exige que se dé prioridad a los gastos para el desarrollo y no para las armas.

3) Colombia

No es mera coincidencia que muchos de los países con menos expectativas de alcanzar sus ODM sean esos países con mayor probabilidades de tener una alta incidencia de graves casos de abusos de los derechos humanos.

Durante décadas de enfrentamientos 4 millones de colombianos han sido desplazados escapando de guerrillas, de estado, y de violencia paramilitar. En varias oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha relacionado las acciones de las fuerzas armadas colombianas y de los grupos paramilitares al desplazamiento y la pérdida de tierra, ganado, y bienes de diferentes comunidades. La amenaza de secuestros ha impactado en las inversiones, y las poblaciones desplazadas son víctimas de las facciones armadas que compiten por el control territorial. Los grupos de defensa de Derechos Humanos han documentado numerosas masacres a fines de los 90 y principio de la década de 2000, con armas pequeñas como armamento de avanzada.

Se han contrabandeado armas de fuego a Colombia. El intercambio tradicional de bienes de contrabando en el mercado negro contribuye a este comercio, mientras que las fronteras carentes de control hacen más difícil el control de la circulación de armas ilegales. En algunos casos, se ha informado que grupos paramilitares tienen armas que son idénticas a las del gobierno, lo que hace planear si provienen de fuentes estatales.

Colombia también es un importante importador de armas, y tiene una importación por un valor en cuarenta y siete millones de dólares en el 2006. Colombia también fabrica armas, principalmente bajo licencias del extranjero, tales como el rifle de asalto Galil de Israel.

El desarrollo, que incluye el alcance de los ODM, no es una cuestión de simplemente llegar a los objetivos nacionales. Se trata de alcanzar el desarrollo de las personas y las comunidades, que incluye sus derechos económicos, sociales y culturales a la asistencia sanitaria, la educación y la seguridad. Cuando las armas se utilizan para matar, mutilar, o controlar una población a través del miedo, socavan las perspectivas de comunidades enteras de obtener estos derechos. Las milicias armadas y los grupos paramilitares destruyen comunidades y perjudican el desarrollo a nivel local. Cada asesinato es un tropiezo en el camino de conseguir un desarrollo económico y social.